Jueza anula directiva de Trump sobre acceso de inmigrantes a programas de asistencia

WASHINGTON (AP) — Una jueza federal en Rhode Island anuló una directiva del gobierno del presidente Donald Trump que habría impedido a algunos inmigrantes acceder a ciertos programas federales, incluidos Head Start para preescolares, clínicas de salud comunitarias e iniciativas de educación para adultos.

La jueza federal de distrito Mary McElroy, nombrada por Trump en 2019, impidió temporalmente el año pasado que el actual gobierno siguiera adelante con la norma, por lo que nunca se implementó. El lunes, hizo permanente la orden judicial.

Funcionarios del gobierno republicano argumentaron que la directiva iba a impedir que “extranjeros ilegales” accedieran a beneficios federales al reclasificar amplios segmentos de programas de servicios sociales bajo una ley de la era Clinton, la Ley de Responsabilidad Personal y Reconciliación de Oportunidades Laborales.

Pero la norma también hubiera abarcado a muchos inmigrantes que se encuentran legalmente en Estados Unidos, incluidos titulares de visas de trabajo y de estudiante. También hubiera impedido el acceso a servicios a titulares del Estatus de Protección Temporal, a quienes se les conceden permisos de trabajo si el gobierno de Estados Unidos determina que las condiciones en sus países de origen son demasiado peligrosas para regresar, junto con beneficiarios de la Acción Diferida para los Llegados en la Infancia, quienes llegaron al país de manera ilegal cuando eran niños y reciben protección temporal contra la deportación y autorización de trabajo.

Esos grupos, que son considerados “extranjeros no calificados” según la ley, ya no pueden acceder a los beneficios completos de Medicaid ni a la ayuda alimentaria y la asistencia en efectivo financiadas por el gobierno federal.

El gobierno de Trump emitió su directiva en julio de 2025. Fiscales generales demócratas de 20 estados y del Distrito de Columbia presentaron una demanda.

Afirmaron que el cambio trastocaba tres décadas de política que permitían a las personas acceder a clínicas de salud comunitarias, refugios para víctimas de violencia doméstica y centros Head Start sin demostrar su estatus migratorio.

Advirtieron que los daños podrían extenderse, disuadiendo a cualquier inmigrante de buscar servicios y levantando barreras incluso para ciudadanos de Estados Unidos que no puedan documentar su estatus legal. La demanda indicaba que las nuevas reglas también habrían impuesto cargas administrativas a agencias de servicios sociales con financiación insuficiente, incluidos los operadores de Head Start, que podrían haberse visto obligados a cerrar si no podían cumplir con los nuevos requisitos de la directiva.

En su fallo, McElroy declaró “ilegal” la directiva y sostuvo que el gobierno de Trump no siguió los cauces adecuados para reescribir las reglas. Calificó las acciones del gobierno como “procedimentalmente inválidas”. Añadió que el gobierno aún podría impulsar cambios normativos mediante el proceso federal de notificación y comentarios públicos, que los funcionarios eludieron cuando emitieron la directiva el año pasado.

Se enviaron solicitudes de comentarios a los departamentos mencionados como demandados en la amplia demanda. La Administración para Niños y Familias, una división del Departamento de Salud y Servicios Humanos que supervisa Head Start, indicó que no comenta sobre litigios en curso. El Departamento de Trabajo remitió las consultas al Departamento de Justicia, que no respondió a la solicitud de comentarios.

En un comunicado, la fiscal general de Nueva York, Letitia James, quien estuvo entre quienes demandaron, celebró el fallo de la jueza.

“Desde las pruebas de detección de cáncer hasta los bancos de alimentos y la educación en la primera infancia, los intentos del gobierno federal de diezmar la red de protección social habrían sido catastróficos para las familias trabajadoras”, señaló James.