Arrestos migratorios en Florida aumentan en silencio, liderados por agencias estatales y locales

MIAMI (AP) — Una tarde de finales de marzo, un agente del Servicio de Pesca y Vida Silvestre de Florida se acercó en su vehículo a una pareja guatemalteca que paseaba a su perro en un parque de la acomodada comunidad costera de Bonita Springs, en la costa del Golfo. Desde el auto, les pidió ver la identificación del esposo y luego les ordenó dirigirse hacia la salida del parque, según la esposa.

Cuando llegaron al estacionamiento, el agente arrestó al esposo con un cargo falso, contó la esposa, quien habló con The Associated Press bajo condición de anonimato para ella y su esposo de 48 años porque no quería arriesgarse a que también la detuvieran ni poner en peligro ninguno de sus casos de asilo pendientes.

“Dijo que estaba poniendo un ticket porque el perro lo había mordido, pero no era cierto porque el policía nunca se bajo del auto”, dijo la mujer en entrevista telefónica con la AP. “Empezó a hacer llamadas y lo arrestó y esperó 40 minutos” a que llegaran agentes federales del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) para llevarse a su esposo.

La campaña migratoria del presidente Donald Trump ha enfrentado una fuerte resistencia en ciudades santuario gobernadas por demócratas, donde la policía tiene prohibido colaborar, los funcionarios electos han respondido con firmeza y residentes locales han intentado defender a sus vecinos migrantes dando la alarma con silbidos, grabando videos con el celular y reprendiendo a los agentes federales enmascarados, considerados por muchos como una fuerza invasora.

Sin embargo, ese no ha sido el caso en la Florida gobernada por republicanos, donde 347 agencias estatales y locales se han sumado para participar en la campaña y han desatado una oleada de arrestos migratorios. Entre ellas hay departamentos de policía, la Guardia Nacional de Florida y la Patrulla de Caminos, pero también otras tan aparentemente improbables como la Comisión de Conservación de Pesca y Vida Silvestre del estado y la Lotería de Florida.

El aumento de arrestos migratorios en Florida durante el segundo mandato de Trump ha pasado en gran medida desapercibido para la población, ya que muchos comienzan como paradas de tráfico policiales de rutina, la población civil parece apoyar más la iniciativa y las agencias estatales y municipales participantes están rechazando de plano las solicitudes de registros de arresto y videos de cámaras corporales, por indicación del Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés).

Arrestos migratorios se triplican con creces

Casi 39.000 inmigrantes fueron arrestados en Florida en los 416 días que comenzaron el 20 de enero de 2025 —el inicio del segundo mandato de Trump— hasta el 11 de marzo de 2026, el último día para el que había datos disponibles en un conjunto proporcionado al Proyecto de Datos de Deportaciones de la Universidad de California en Berkeley y analizado por la AP. Durante los 416 días anteriores del gobierno de Joe Biden, fueron 11.088. En promedio, Florida registró 93 arrestos diarios durante ese periodo bajo Trump, sólo por detrás de los 239 registrados por Texas, que comparte la frontera más larga del país con México.

El gobernador republicano Ron DeSantis ha impulsado el esfuerzo de Florida por asociarse con el ICE mediante los llamados acuerdos 287(g), que otorgan facultades de control migratorio a agencias policiales estatales y municipales, permitiéndoles interrogar a inmigrantes bajo su custodia y detenerlos para una posible deportación. Y, según expertos, están bajo presión para mostrar resultados.

“Hay muchos agentes que han sido investidos, se les ha dado autoridad migratoria, y simplemente están buscando gente”, afirmó la abogada de inmigración Vilerka Bilbao, quien representa al menos a 23 clientes detenidos por la policía local en el área de Jacksonville. “Están arrestando a cualquiera; necesitan mostrar las cifras a DeSantis y al gobierno federal”.

Los agentes detienen vehículos por un “motivo de pretexto” —como una falla de la luz trasera o un polarizado demasiado oscuro— “y entonces terminas bajo custodia del ICE”, explicó Bilbao.

Un padre y su hijo son deportados

Agentes de la policía del condado Lee detuvieron a un guatemalteco de 44 años y a su hijo de 21 el 15 de febrero, en las afueras de Fort Myers. Se acercaron a ambos en el estacionamiento de una tienda, les dijeron que la placa estaba vencida y les ordenaron salir del auto, aunque las etiquetas eran válidas hasta el 25 de marzo, según la esposa del hombre mayor y madre del joven.

La mujer, una solicitante de asilo guatemalteca de 40 años que habló bajo condición de anonimato para ella y su familia por temor por su seguridad y la de sus tres hijos que aún están con ella en Florida, contó que su esposo y su hijo adulto fueron detenidos y deportados a Guatemala una semana después, dejando atrás a ella, a sus dos hijos menores de edad y a su hija, que es ciudadana estadounidense.

Señaló que su esposo y su hijo adulto tenían casos pendientes en una corte de inmigración, pero aun así los detuvieron. Su esposo había asistido a tres audiencias en la corte de inmigración, pero faltó a una porque era en Miami, a unos 193 kilómetros (120 millas) al sur de Fort Myers, y no tenía dinero para llegar, indicó. Su hijo, por su parte, estaba solicitando asilo, tenía una licencia de conducir válida y un permiso de trabajo.

El Departamento de Seguridad Nacional cuestiona que el hombre y su hijo estuvieran legalmente en Estados Unidos, y sostiene que cruzaron la frontera de manera sin autorización legal en 2017 y que tenían una orden definitiva de expulsión de 2019.

En el caso del hombre que paseaba a su perro, el DHS señaló que fue arrestado porque tenía dos órdenes finales de deportación.

Una prueba para la Ley Sunshine de Florida

En ambos casos, las agencias de Florida que iniciaron las detenciones —la Comisión de Conservación de Pesca y Vida Silvestre y la policía del condado Lee— se negaron a compartir con la AP los reportes de arresto y las grabaciones de las cámaras corporales, y explicaron que el ICE les exige remitirle todas las consultas sobre arrestos migratorios.

El ICE y el Departamento de Seguridad Nacional, su agencia matriz, declinaron compartir los reportes de arresto y las grabaciones de las cámaras corporales; el DHS explicó en un comunicado: “No vamos a divulgar inteligencia delicada para las fuerzas del orden”.

Una directiva del ICE enviada a los socios 287(g) en Florida establece que la “información obtenida o desarrollada” bajo los acuerdos está “bajo el control del ICE” y no puede divulgarse sin aprobación federal.

La directiva parece violar la histórica Ley Sunshine de Florida, aprobada en 1967, que presume que los registros son públicos salvo que estén protegidos de manera específica. Sin embargo, la Legislatura estatal, de mayoría conservadora, ha establecido exclusiones en años recientes.

No es sólo Florida

Aunque Florida está a la vanguardia de la colaboración en la campaña, al abrir los centros de detención migratoria “Alligator Alcatraz” (Alcatraz de los Caimanes) y “Deportation Depot” en el último año, la participación en el programa 287(g) se ha disparado: pasó de 135 acuerdos en 20 estados antes que comenzara el segundo mandato de Trump a más de 1.700 en 41 estados y territorios.

El Departamento de Seguridad Nacional anunció incentivos financieros para agencias policiales estatales y locales, incluido el reembolso de salarios. Esto incluye hasta 7.500 dólares para equipo por cada agente que participe en los acuerdos, y hasta 100.000 dólares para que las agencias compren vehículos nuevos.